CDMX: decreta la jefa ley de la selva

El acuerdo publicado en la Gaceta por el gobierno de la ciudad le pondrá esteroides a las conductas que se han venido dando al amparo del programa Ciudad al Aire Libre.

Primero fue la amnistía para los constructores y ahora la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha decretado la suspensión de las verificaciones a los restauranteros. Pobres vecinos, quedarán a merced de un sector donde destacan empresarios poco proclives a cumplir las normas.

Agosto es el mes en que Claudia Sheinbaum parece haber decidido aliarse con empresarios de la construcción y de la actividad restaurantera. En lo que va del mes ha publicado sendos acuerdos en la Gaceta de la ciudad mediante los cuales se establece que no podrán ser clausuradas las obras (4 de agosto) ni verificar los establecimientos de venta de alimentos (13 de agosto).

Es comprensible que la doctora esté preocupada por los devastadores efectos que la pandemia ha traído a la economía de la ciudad y de muchos capitalinos, pero cuesta trabajo entender que en el Palacio del Ayuntamiento tomen estas decisiones sin involucrar a los vecinos. Más aún cuando la reapertura de las actividades ha implicado también el retorno de evidentes abusos.

El decretazo del viernes pasado tiene de plácemes a los restauranteros. Y cómo no, si el gobierno capitalino estableció la suspensión de las “visitas de verificación, substanciación de procedimientos y aplicación de sanciones a los establecimientos mercantiles con giro principal de venta de alimentos preparados (fondas, restaurantes y otros)”.

Según algunas voces, lo que la jefa de Gobierno pretende es evitar que las y los alcaldes extorsionen a un sector clave para la reactivación económica.

Es cierto que hemos tenido en la ciudad cada joyita delegacional –hola Mauricio Toledo, Jorge Romero y Víctor Hugo Romo, por mencionar a tres de partidos distintos–, sin embargo la medida da manga ancha para que, sobre todo en las zonas de alta afluencia restaurantera, la apropiación del espacio público por parte de los restaurantes no tenga límite. Literalmente.

Porque el acuerdo publicado el viernes le pondrá esteroides a las conductas que se han venido dando al amparo del programa denominado Ciudad al Aire Libre.

Ese programa, lanzado para apoyar la reapertura luego de la primera ola de la pandemia, permitía a los establecimientos poner en las banquetas hasta 70 por ciento de las mesas que ordinariamente (es decir, pre-Covid-19) tenían en interiores. No hay que ser inspector del Invea para ver cuántos restaurantes en Polanco, la Roma y Condesa, tienen hoy muchas más mesas afuera de las tuvieron nunca en interiores.

Otras disposiciones del Ciudad al Aire Libre (la sana distancia, el espacio que deben dejar para los peatones, el no instalar mesas en la contraesquina, etcétera) son igualmente papel mojado. De horarios y del ruido, mejor ni hablar.

Si de verdad el gobierno capitalino hizo esto para tratar de evitar la corrupción de las y los alcaldes, pues vaya solución: aunque el acuerdo establece que las verificaciones sí podrán ocurrir si se pone en riesgo la salud o la vida, a saber cómo se establecerá eso sin visitas regulares de Protección Civil, o de la PAOT o del Invea.

Inspeccionar que se cumplan leyes y normas es obligación de las autoridades. Con esos procedimientos se busca salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Accidente o negligencia, la explosión de ayer en la colonia Acacias es sólo un recordatorio de los riesgos que enfrentamos.

En la labor de que todos cumplamos las normas, los comités vecinales son aliados de las agencias gubernamentales. Pero con acuerdos como los de este mes para la construcción y la restauración alimenticia, ya nadie pelará las quejas ciudadanas e imperará la ley de la selva: esa, la del más fuerte.