Terminar con la ciudadanía por nacimiento, capturas y deportaciones: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó diez órdenes ejecutivas para frenar la migración y restar derechos a las personas migrantes, con medidas como desplegar militares en la frontera, permitir detenciones incluso en escuelas e iglesias, y terminar con la ciudadanía por nacimiento.

Las órdenes ejecutivas de Estados Unidos son declaraciones firmadas sobre cómo el presidente desea que se administre el gobierno federal, y no necesitan autorización del Congreso. Sin embargo, el Congreso y tribunales sí pueden bloquearlas, y negar fondos para su implementación.

Usuarios nos preguntaron a través del VerifiChat acerca de los canales oficiales en español de La Casa Blanca. Es cierto que, al iniciar el segundo mandato de Trump, las cuentas en español de La Casa Blanca en redes sociales y su página web no están disponibles, solo se pueden consultar sus páginas y cuentas en inglés.

A continuación, te detallamos las órdenes ejecutivas de Trump contra la migración, y cómo organizaciones acusan que algunas de ellas van en contra de la Constitución de Estados Unidos:

Militares, centros de detención y deportaciones

Trump revocó políticas de la administración de Joe Biden, tales como la operación de un grupo de trabajo para reunir familiares migrantes, programas de libertad condicional y el establecimiento de un plan para una migración segura.

Esta decisión de Trump permite a las autoridades migratorias detener a personas sujetas a deportación en “áreas sensibles”, como escuelas e iglesias.

Al declarar una emergencia en la frontera con México, las órdenes de Trump prohíben invocar cualquier disposición de la Ley de Migración de Estados Unidos que permita la permanencia de personas migrantes en situación irregular.

Trump ordenó al Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM) sellar y mantener la seguridad en la frontera con México, a fin de repeler la migración, el tráfico de narcóticos, el tráfico y contrabando de personas y otras actividades delictivas.

La orden ejecutiva “asegurar nuestras fronteras” llama a crear un muro físico y barreras vigiladas en la frontera con México, para garantizar el control operativo.

Asimismo, ordenó el despliegue de personal militar en dicha frontera para colaborar con las autoridades civiles, lo cual incluye apoyos logísticos, provisión de espacios de detención y transporte.

También, ordenó la disuasión, expulsión y deportación expedita de personas migrantes que lleguen de forma irregular, y eliminar cualquier proceso que impida la deportación.

Otra medida anunciada es la construcción y operación de centros de detención para personas migrantes, y suspender la prestación de servicios públicos a personas con situación migratoria irregular.

Asimismo, ordenó reinstalar el Programa Quédate en México.  Esta política fue impulsada en el primer periodo de Donald Trump y obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano las entrevistas con las autoridades de Estados Unidos. Organizaciones civiles en México y estadounidenses denunciaron que este programa violó los derechos de las personas migrantes, porque tenían que esperar meses por su entrevista y fueron víctimas de diversos delitos en el norte de México.

El presidente estadounidense también planteó recortar el acceso a fondos federales a las ciudades santuario, y a organizaciones civiles que presten servicios a personas migrantes.

Además de presentar cargos penales contra las personas extranjeras que “violen las leyes de inmigración”, y contra aquellas personas que faciliten su presencia en Estados Unidos.

Incluso ordenó al Procurador General priorizar el procesamiento de delitos penales relacionados con el ingreso o presencia de personas extranjeras con situación migratoria irregular, o no autorizada. También, ordenó al Secretario de Seguridad Nacional y del Tesoro tomar las medidas necesarias para el cobro de multas a personas con situación migratoria irregular en Estados Unidos, y a las personas que faciliten su estadía.

Mientras que el Procurador General impulsará la pena de muerte en los casos de personas migrantes con situación irregular acusadas de delitos capitales, tales como asesinato y espionaje, según se lee en las órdenes ejecutivas.

Eliminar la ciudadanía por nacimiento y suspender programa de refugiados

Bajo el título de “Protección del significado y el valor de la ciudadanía americana”, el presidente estadounidense ordenó a todas las agencias federales no reconocer la ciudadanía estadounidense cuando la madre de la persona peticionaria tenga una situación legal irregular, y el padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente al momento del nacimiento.

Esto afectaría a todas las personas que nazcan un mes después de la publicación de la orden ejecutiva.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) mencionó que “negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional”, sino que también va en contra de los valores estadounidenses.

De acuerdo con la agencia AP, los fiscales de 22 estados demandaron el bloqueo de esta orden ejecutiva. “El presidente no puede, con un trazo de pluma, escribir la 14a Enmienda fuera de la existencia”, dijo el fiscal de Nueva Jersey, Matt Platkin.

La ACLU, especialistas y congresistas estadounidenses han declarado que esta medida va en contra de la 14 enmienda constitucional, la cual garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos independientemente de su ascendencia. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Estados Unidos en el caso Wong Kim Ark.

A partir del 27 de enero, las autoridades de Estados Unidos suspenderán indefinidamente el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP). También, se ordenó que la aplicación CBP ONE no pueda ser utilizada para conceder libertad condicional, o facilitar el ingreso de personas extranjeras, que pedían asilo con ella.

Al mismo tiempo, Trump ordenó terminar el programa “Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos”, el cual permitía que personas de estos países pudieran ingresar y trabajar en Estados Unidos durante dos años.

Hasta diciembre de 2024, unas 531 mil 690 personas habían llegado al país bajo este programa, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).