noviembre 22, 2024

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Por ‘adopción’ de bebé DIF nacional investiga a Samuel García

El Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de el núcleo familiar (SNDIF) hizo saber que la Procuraduría Federal de Defensa de Chicas, Chicos y Jóvenes (PFPNNA) ha solicitado información a las autoridades otra vez León sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” que divulgaron en redes el gobernador Samuel García y su señora, Mariana Rodríguez.

A partir del sábado 15 de enero la PFPNNA requirió, por medio de oficio, que la Procuraduría de Custodia de Chicas, Chicos y Jóvenes otra vez León remitiera esa información, y otorgó un plaza de 72 horas para llevar a cabo.

El DIF nacional aseguró que, al demostrar en un clip de video la cara del infante de 5 meses de edad en las redes sociales, revelar su nombre y los inconvenientes de salud que confronta, el el gobernador y su mujer incurrieron en “una clara vulneración de derechos a la intimidad y a la custodia de datos personales” del menor.

La PFPNNA reprobó “todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el inicio usual y constitucional del Interés Preeminente de la Niñez”.

El DIF Nacional reiteró su compromiso de ejercer las medidas correctas para eliminar prácticas irregulares e ilícitas que vulneren los derechos de chicas, chicos y jóvenes.

“Aunado a esto último, se emprenderá un diálogo con las autoridades a quienes competa el asunto del estado otra vez León para comprobar su normativa en temas de adopción, así como el esquema operativo, con el propósito de impedir prácticas que atenten contra la salud emocional y el sano desarrollo de chicas, chicos y jóvenes que necesitan de una adopción”, informó la dependencia federal.

Por su lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos empezó una queja de oficio por la salida de un menor de edad del DIF Capullos en Nuevo León, para conocer detalles del método aplicado por la dependencia estatal.

Además emitió un exhorto al director del DIF Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera, para que “se vigilen los métodos y maneras de participación de los individuos servidoras públicas que atienden a chicas, chicos y adolescentes”.