Interrupción Legal del Embarazo en la CDMX: ¿Qué permitirá la nueva legislación?
El congreso aprobó la Ley de Salud con la corrección pedida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para quitar la temporalidad en el aborto legal en caso de violación.
Diputados del congreso capitalino modificaron la Ley de Salud de la Ciudad de México a más de un mes de aprobarla en el pleno, luego de la polémica alrededor de la Interrupción Legal del Embarazo.
La legislación, que fue regresada para su revisión por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como criticada por organizaciones civiles, introducía por primera vez la figura de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El nuevo dictamen fue votado ayer 7 de julio en una sesión extraordinaria presencial y será enviará al Ejecutivo para su publicación.
La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) permite a una persona embarazada no continuar con la gestación a través de un procedimiento médico sólo por decisión propia hasta las 12 semanas (tres meses).
En contraste, la Interrupción Voluntaria del Embarazo establecía hasta 20 semanas (cinco meses) para solicitar este procedimiento en casos de violación, sin necesidad de que se presentaran pruebas o una denuncia formal por el delito, de acuerdo con el artículo 6 del proyecto de decreto.
La legislación fue aprobada el pasado 29 de abril tras una hora de debate pues los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) intentaron retirar la posibilidad de realizar un aborto en la vigésima semana de gestación, al considerar que ponía en riesgo la vida de la persona embarazada.
Organizaciones como GIRE, Fondo María e Ipas México, dedicadas a la defensa de los derechos reproductivos y de las mujeres, también rechazaron la ley pero desde una perspectiva distinta al considerarla un retroceso a los derechos humanos.
“Este cambio tiene un impacto negativo de altas dimensiones y representa un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, sobre todo para las más vulnerables como son las sobrevivientes de violencia sexual”, manifestó Ipas México en un comunicado.
La razón es que contradice la Ley General de Víctimas federal, así como la NOM-046- SSA2-2005 para la prevención y atención de la violencia sexual, las cuales consideran la interrupción del embarazo producto de una violación como un servicio médico de emergencia y no imponen ningún límite de tiempo para acceder a ella.
Esto significa que una víctima de violación podría decidir terminar con el embarazo en cualquier momento, incluso si se superan las 12 o 20 semanas de gestación y sin necesidad de presentar una denuncia penal.
De acuerdo con las organizaciones sociales, esto permite a quienes son víctimas de violencia sexual tener más tiempo para interrumpir el embarazo al considerar que pueden tardar en reconocer los signos en su cuerpo, vivir en situaciones de maltrato que les impidan acceder a atención médica, falta de información o de acceso a los servicios de salud.
La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, respondió ante la solicitud de las organizaciones y en lugar de publicar la ley en la Gaceta Oficial –con lo que se definiría su entrada en vigor– pidió a los diputados revisarla.
“Es menester un análisis riguroso de dichas normas, que permitan homologar los derechos de las mujeres, así como su acceso a los servicios de salud”, indicó la mandataria el 3 de junio en un documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Patricia Báez Guerrero.
Los diputados aceptaron la observación de Sheinbaum y cambiaron la legislación, para eliminar el periodo de 20 semanas de gestación.
“Interrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento médico que a solicitud de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes”, indica el Artículo 6 después de ser modificado.
