Escuelas privadas presentan amparos en contra de la Ley de Educación de la CDMX

Las instituciones buscan dejar sin efecto la imposición de sanciones por no usar los libros de texto de la SEP y la obligatoriedad de un porcentaje en el otorgamiento de becas.

Instituciones privadas de educación preescolar, primaria y secundaria presentaron durante julio pasado demandas de amparo en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Congreso capitalino por la expedición y promulgación de la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Lo que buscan las instituciones privadas es dejar sin efectos diversos artículos que considera la ley, referentes a becas, la prohibición de publicidad o comercialización de espacios dentro de sus instalaciones e infracciones por no usar los libros de texto otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El 20 de julio, el colegio británico The Edron Academy A.C, una de las escuelas privadas ubicadas al poniente de la capital con reconocimiento a nivel internacional, ingresó la demanda de amparo 960/2021 asentada en el juzgado noveno de distrito en materia administrativa en contra del decreto del 27 de mayo y el 7 de junio de este año, en el que el gobierno de la Ciudad de México ordena la promulgación de la Ley de Educación en la gaceta oficial.

Los artículos reclamados son: el 10, fracciones XIV y XV, y el 69 en el que queda establecido que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones privadas quedarán incorporados al sistema educativo de la Ciudad de México.

En el caso del artículo 77 fracción III que habla sobre las becas, las instituciones educativas privadas deberán otorgar por obligación como prestadores de servicios, la exención total o parcial del pago de colegiatura a una cifra no menor al 5% del total de alumnos registrados.

Otro de los puntos en los que instituciones privadas están en desacuerdo con la Ley de Educación, es en lo considerado por el artículo 129, fracción V, que se refiere a las infracciones por no utilizar libros de texto que la Secretaría de Educación Pública otorgue, autorice o determine para la educación primaria y secundaria.

Ese mismo artículo considera infracciones por realizar o permitir publicidad dentro del plantel, que estimule el consumo de alimentos o productos que perjudiquen la salud del educando, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de la venta de alimentos.

Por la misma vía, se encuentran las demandas de amparo interpuestas por colegios y escuelas como Allegro Montessori, Montessori Condesa, Instituto Oscar González Blakaller y grupo educativo Sejexi, entre otras instituciones agrupadas en la Confederación Nacional de Escuelas Particulares.

Controversias por interpretación de la ley

En entrevista, la diputada morenista Marisela Zúñiga, integrante de la comisión de Educación en el congreso de la Ciudad de México explicó que si bien la ley es perfectible, existen diversos artículos que fueron controvertidos por las instituciones privadas que ya estaban contemplados en la Ley General de Educación que rige en todo el país.

Dijo que al acoplarlos a la capital del país, pudo existir una mala interpretación de la ley y por ello las instituciones privadas recurrieron ante jueces federales en materia administrativa para interponer recursos que a su consideración, iban en perjuicio de su forma de trabajo.

Ejemplo de ello, es el tema de las becas, en las que existe un ordenamiento por ley para el otorgamiento de los beneficios y descuentos a los alumnos, pero que va acorde con los lineamientos generales de educación básica. Dedujo que este amparo promovido, puede ser porque ante el regreso a clases presenciales, es financieramente inviable ofrecer descuentos, dado que el sector privado se vio afectado por la pandemia de COVID-19.

“Entiendo la petición, yo creo que por ahí va el tema, será cuestión de revisar, ver de qué forma se puede hacer algún exhorto, alguna recomendación o algún instrumento jurídico para que a lo mejor, en tiempos de pandemia o una crisis como la que estamos viviendo, este tipo de instituciones tengan una consideración en el otorgamiento de becas», expuso la legisladora.

Zúñiga explicó que como ex directora de instituciones privadas y públicas, sabe cuáles son los procedimientos y aseguró desconocer por qué los colegios particulares se oponen al tema de los libros de texto otorgados por la SEP, cuando la Ley de Educación no limita el uso de otros libros, es decir, pueden ser un apoyo, pero el plan de estudio no debe basarse exclusivamente en los otorgados por el estado.

“Yo creo que (los amparos) son temas de interpretación, porque conozco el procedimiento y en ningún momento la SEP obliga a las instituciones privadas a que los planes de estudios se basen únicamente en los libros gratuitos”, abundó.

La morenista dijo que a pesar de los recursos legales ya interpuestos ante jueces federales, el Congreso de la Ciudad de México y las autoridades educativas capitalinas están en la obligación de reunirse con el sector de las instituciones privadas para resolver las dudas sobre la nueva ley de educación y generar las adecuaciones correspondientes.

Los recursos legales asentados en los juzgados noveno y décimo en materia administrativa con sede en la capital se encuentran en curso; sin embargo, a muchos de ellos ya les fue negada la suspensión provisional y definitiva a los actos reclamados debido a que desde el departamento jurídico del congreso de la capital, han emitido ante la autoridad judicial competente las justificaciones sobre los actos reclamados y estos no han prosperado.