Depurarán al personal de reclusorios de la CDMX con la reforma penitenciaria

La reforma penitenciaria plantea trasladar la administración de los reclusorios de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana.

La reforma penitenciaria que se avecina en la Ciudad de México implica no solo el traslado de la administración y operación de los reclusorios la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana, sino también la depuración del personal que trabaja en ellos y la aplicación de mayor inteligencia policial para prevenir la comisión o planeación de delitos al interior de los centros de reclusión.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa de reforma penitenciaria que la Jefatura de Gobierno envió al Congreso de la Ciudad de México (publicada en la Gaceta Parlamentaria del 28 de julio), son cinco ejes estratégicos los que sustentan la decisión de trasladar el control de las cárceles a la policía. Uno de ellos es el de combate a la corrupción, que a su vez consta de tres lineamientos generales.

El primero es el de “impulsar programas de supervisión y control de personal directivo, administrativo y operativo de los Centros Penitenciarios y Especializados”; el segundo consta en la “depuración de la estructura penitenciaria que representa un factor de riesgo o que cuenten con vínculos con organizaciones delictivas”.

El tercero es hacer “cumplir al 100% con los procesos y compromisos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la evaluación y certificación del personal penitenciario”. El 23 de julio el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch comentó que la reforma penitenciaria permitirá combatir delitos que se “planifican desde el interior de algún centro (de reclusión), tales como el secuestro y extorsión telefónica”.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Reclusorio Varonil Norte, por ejemplo, se han detectado problemas como sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, así como inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.

En la iniciativa de Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en el Título Sexto, Del servicio profesional de carrera de las y los integrantes del Sistema Penitenciario, Capítulo II, De la carrera penitenciaria y profesionalización, artículo 122 se propone que “las personas aspirantes a laborar en los Centros Penitenciarios deberán presentar y aprobar los exámenes de selección que para tal efecto determine la Universidad de la Policía y que serán aplicados por la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría”.

En el Capítulo V, Del Personal de seguridad y custodia, artículo 128 se propone que este personal formará parte del “Servicio Profesional Penitenciario, y estará capacitado para el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos” y “en la medida de lo posible deberá ser rotado periódicamente, tanto de un área del Centro Penitenciario a otra, como de un Centro Penitenciario a otro”.

También se propone un Consejo de Honor y Justicia que estaría encargado de “conocer, investigar, sustanciar y resolver sobre los actos y omisiones irregulares en los que incurran el personal de seguridad y custodia de centros penitenciarios (…) que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.

Más inteligencia penitenciaria

La reforma penitenciaria en la Ciudad de México también tiene por objeto el introducir mayor actividad de inteligencia policial en los reclusorios, desde donde se cometen y planifican delitos de alto impacto, muchas veces en colusión con el personal de seguridad y custodia o directivos. Por ello, en la exposición de motivos de la iniciativa enviada por la Jefatura de Gobierno se exponen algunos lineamientos en la materia.

El primero es “introducir la función de inteligencia al Sistema Penitenciario para fortalecer la seguridad y la prevención de delitos que se planifican y organizan desde el interior de los Centros Penitenciarios y Especializados, por ejemplo, el secuestro y la extorsión telefónica”.

El segundo es “incrementar los mecanismos para la recopilación, análisis, procesamiento, intercambio, control y aprovechamiento de la información penitenciaria”; también “reforzar los métodos, procedimientos, criterios e indicadores para evaluar en forma permanente el movimiento de la población penitenciaria y factores criminógenos que inciden en el fenómeno delictivo de la Ciudad de México”.

El cuarto lineamiento es “mejorar el modelo de seguimiento de objetivos delincuenciales prioritarios sujetos a prisión preventiva o sentenciados, así como de aquellas personas imputadas que, una vez obtenida su libertad, reincidan en la comisión de delitos”.

Expresan dudas

Para la asociación civil Reinserta, la reforma penitenciaria “marca un claro retroceso y un atentado contra la esencia de la reinserción social (…) toda vez que como se ha visto en otros estados (del país), la capacidad de interlocución de las Secretarías de Seguridad es poco efectivo cuando se quiere establecer comunicación y trabajo permanente con otras Secretarías que abordan temas que competen a la reinserción, tales como salud, trabajo, bienestar social, educación, entre otros”.

La organización consideró en un comunicado de prensa que la reforma “obedece a una estrategia de seguridad que busca disminuir la incidencia delictiva en la entidad”, sin embargo, celebró “la intención de profesionalizar la labor del personal integrante de la Subsecretaría del sistema Penitenciario”.

“Urgimos a los legisladores del Congreso Local a escuchar las posturas y a los expertos en la materia para garantizar una ciudad más segura y en paz, garantizando el respeto a los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad”, llamó la organización.

Esta reforma penitenciaria que traslada el control de los reclusorios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá que ser discutida y aprobada en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que arranca el 1 de septiembre próximo, y en la que Morena, el partido de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya no tiene mayoría absoluta.