Convocan a marchas en defensa del Poder Judicial en CDMX y estados
La reforma al Poder Judicial sigue causando inconformidad entre diversos sectores de la población, en especial a los trabajadores, quienes llamaron a marchas el domingo 1 de septiembre en Ciudad de México (CDMX) y diversos estados de la República.
Dicha reforma plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular. La movilización será cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) brinde su Sexto Informe de Gobierno.
En redes sociales se convocó a realizar manifestaciones en apoyo al Poder Judicial. A continuación, las marchas del domingo 1 de septiembre:
CDMX
Estudiantes de diversas universidades, entre ellas la UNAM, lanzaron el llamado. A las 9:00 horas se reunirán en Ángel de la Independencia y se dirigirán al Senado de la República.
Chiapas
Sede Palmas del PJF, frente a Autozone Oriente, hacia el Congreso Estatal, en la Explanada del Parque Central, 9:00 am.
Estado de México
En Toluca será el 2 de septiembre en la Glorieta del Águila a las 14:30 horas.
Guerrero
De Costera 125 a Plaza Francia, a las 9:00 am
Tamaulipas
Del estadio Marte R. Gómez al Paseo Méndez, a las 19:00 horas
Veracruz
En Xalapa, los manifestantes se congregarán en el Teatro del Estado a Plaza Lerdo. El horario es a las 9:00 am.
Yucatán
En Mérida, se realizará una marcha estudiantil de Remate de Montejo a la Plaza Grande, 10:00 am
También, este viernes, se prevén movilizaciones en apoyo al Poder Judicial en:
Chihuahua
A las 19:00 horas en las oficinas PJF en Av. Mirador 6305, Campestre III, se realizará una movilización
Querétaro
Ruta: Plaza de Armas-Monumento Corregidora a las 19:00 horas
Quintana Roo
A las 18:00 horas habrá una concentración en la Glorieta del Ceviche en Cancún
Yucatán
En Mérida, en punto de las 18:30 horas, los manifestantes en apoyo al Poder Judicial se congregarán en Remate Paseo de Montejo con destino al Monumento a la Patria.
¿Qué propone la reforma?
Alegando que el Poder Judicial está al servicio de las élites, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador plantea que jueces y magistrados, incluidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos por los ciudadanos.
Los candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Actualmente, los miembros de la Suprema Corte son nominados por el presidente y ratificados por el Senado. Jueces y magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del sector.
Los requisitos para esos cargos se mantendrían prácticamente igual: 35 años de edad para ministros y magistrados y 10 como profesionales; 30 años para jueces y cinco de titulados. Ninguno debe haber ocupado cargos como secretario de Estado, fiscal, congresista, magistrado electoral o gobernador.
El proyecto, respaldado por la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, propone, además, disminuir de 11 a 9 el número de ministros del máximo tribunal, y recortar sus mandatos de 15 a 12 años.
También, crear un nuevo órgano para supervisar a los jueces, en un país donde la impunidad alcanza 99%, según la oenegé Impunidad Cero.
El caso más parecido al proyecto mexicano es el de Bolivia, donde los miembros de las altas cortes son elegidos por voto popular. Algunos estados de Estados Unidos eligen así a sus jueces locales, al igual que en Suiza.
¿Por qué el rechazo?
Opositores, jueces y trabajadores del sector aseguran que la reforma politizará la justicia.
López Obrador está enfrentado a la Suprema Corte por bloquearle reformas como una al sector energético que ampliaba la participación estatal y otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana. Ambas decisiones se consumaron pese a que el mandatario nominó a cinco de los actuales ministros.
El presidente también acusa a algunos jueces y magistrados de favorecer a delincuentes de alto perfil, aunque la reforma plantea proteger su identidad en casos de que arriesguen su vida.
La relatoría especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados llamó a “reconsiderar la propuesta” para salvaguardar la “independencia judicial”.
Los empleados, en huelga indefinida, advierten igualmente que la elección elimina los ascensos por méritos.
Los candidatos “van a ser incluidos en una boleta electoral como la de cualquier votación partidista, y van a aparecer quienes tengan contactos, financiamiento”, dice Roberto Zayas, funcionario judicial de 38 años.
Especialistas critican que la reforma no toca a fiscalías, policías y ministerios públicos, a los que achacan la descomunal impunidad por la corrupción y su baja capacidad investigativa.
“Al no contemplar estos operadores, no se está llevando a cabo realmente la función de buscar una justicia óptima”, señaló Leslie Urzúa, de Impunidad Cero.
¿Qué reclaman EU y Canadá?
Estados Unidos sostiene que la reforma es un “riesgo” para la democracia y “amenaza” el acuerdo de libre comercio T-MEC, por el cual 83% de las exportaciones mexicanas van a ese país.
También asegura que abre la puerta a que los cárteles se aprovechen de jueces inexpertos, en un contexto en el que el narcotráfico ya permea la política.
El T-MEC, que debe ser revisado en 2026, “depende de la confianza de los inversionistas”, advierte Washington.
Canadá manifestó asimismo que sus inversores “quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”.
López Obrador rechazó esas declaraciones como “injerencistas”
¿Qué preocupa a los mercados?
La reforma “llevaría a una elevada incertidumbre sobre el ambiente legal”, indicó la firma británica Capital Economics en una nota a sus clientes.
Desde la victoria aplastante de Sheinbaum el 2 de junio, el peso mexicano se ha depreciado 15.7% hasta niveles cercanos a 19.6 unidades por dólar.
El Banco de México recortó el miércoles su previsión de crecimiento para este año de 2.4% a 1.5%, según dijo por un menor dinamismo de la demanda de Estados Unidos.
