Decretan estado de emergencia en todo Perú por protestas
«Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo», agregó
Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.
El exmandatario izquierdista permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan un centenar de sus simpatizantes desde hace varios días
«Nos vamos a quedar acá hasta que nuestro presidente salga y vaya nuevamente al sillón presidencial de palacio de gobierno», dijo a la AFP Roxana Figueroa, una asistenta social de 59 años.
Militares en la calle
El gobierno de Boluarte ya había declarado el estado de emergencia en varias ciudades que registraron protestas violentas, como Arequipa e Ica (sur), pero no en todo el territorio.
Numerosas carreteras permanecían el miércoles bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.
Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
«Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte», dijo a la AFP Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.
«Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas», dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» para exigir elecciones generales que obligó a suspender del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Desde antes del autogolpe la fiscalía de Perú investigaba a Castillo por liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.
Castillo asegura que la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le acusan de delitos que no cometió y buscaban sacarlo del poder.
