El rescate de los mineros da un paso atrás por la obstrucción que presentan las galerías
La entrada en la mina para emprender un rescate seguro de los obreros atrapados en Coahuila parecía inminente en la mañana de este viernes, tras días bombeando el agua que colmaba los pozos y que fue el origen del derrumbe de las galerías el pasado día 3 de agosto. Protección Civil afirmó que ya se contaba con las condiciones para bajar sin riesgo y comenzar la búsqueda, pero apenas unas horas más tarde el camino vuelve a ser desandado: las galerías están obstruidas y fuentes extraoficiales señalan que el nivel del agua ha vuelto a subir en los túneles. En la mañana, la responsable de Protección Civil, Laura Velázquez, comunicó que habían extraído el 97% del agua y que se contaba con “los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y rescate”. La incertidumbre en las tareas de salvamento es la lógica en una mina que no cuenta siquiera con planos actualizados.
Se cumplen más de 200 horas sin rastro de los mineros. Diez días bajo tierra, sin comida, agua potable ni luz. Con riesgo de fugas de gas y apenas la luz de sus linternas. La única esperanza de que los obreros sigan con vida es que hayan encontrado una burbuja de aire, pero ha pasado demasiado tiempo y un rescate con vida parece más un milagro de la estadística que una opción real. Aun así, las familias de las víctimas se aferran a esa posibilidad como a un clavo ardiendo. Recuerdan historias de jornaleros que pudieron salvarse tras haber permanecido atrapados durante más de una semana en condiciones casi idénticas. Este jueves, un grupo de familiares salieron en procesión al atardecer, portaron velas y rezaron por los mineros.
Los tres pozos en los que trabajaban los mineros se encuentran a tan solo unos metros de distancia de la mina de las Conchas, abandonada hace casi 40 años y repleta de agua por su cercanía con el río Sabinas. El líquido se abrió camino e inundó las galerías en las que faenaban los obreros. Cinco pudieron salvarse, 10 hombres quedaron abajo. Drenar el agua, una tarea titánica que ha requerido de una veintena de bombas especializadas, ha sido durante la última semana la preocupación de los rescatistas. Una lucha contra los elementos que este viernes había conseguido disminuir la altura de la inundación hasta los 72 centímetros en uno de los pozos, 2,6 metros en otro y 4,2 metros en el último.
El jueves, los buzos del Ejército descendieron al pozo cuatro para retirar troncos y palos que obstruían la entrada a las galerías. También fue colocada una bomba especial para sustraer no solo agua, sino también lodo y tierra. Los internamientos de los equipos de rescate se han sucedido en los últimos días, aunque solo han podido extraer maderas y palos, mientras la impotencia de los familiares alcanza niveles más graves cada día. En el campamento se teme un estallido si los mineros no aparecen pronto.
Un imputado por la Fiscalía
La Fiscalía General de la República ha imputado a Cristian Solís Arriaga, el encargado de los pozos, por ”su responsabilidad en todos los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la nación”. Sin embargo, todas las fuentes consultadas en Sabinas señalan que Solís Arriaga es un mero testaferro, un cabeza de turco colocado por los auténticos dueños para que cargue con las culpas. El propio López Obrador ha sostenido en la mañanera que “es probable que a él lo hayan utilizado (…). Una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social, seguramente, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al seguro y no a los concesionarios”.
Según el presidente, la explotación de la mina fue una concesión que se dio en 2003, durante la Administración de Vicente Fox, y vence en 2053. La empresa titular de la explotación es la Minera Río Sabinas SA de CV, que fue vendida en noviembre de 2012 a la Compañía Minera El Pinabete. Todos los testimonios consultados indican que uno de los dueños es Régulo Zapata Jaime, exalcalde del municipio de Sabinas. Él lo desmintió en un video en redes sociales, donde aseguró que solo trabajaba como asesor para la compañía.
Cristina Auerbach, una de las mayores expertas en minería de la región y activista en defensa de los derechos de los mineros, explicó en entrevista con EL PAÍS: “La concesión está a nombre de Pinabete y hay una empresa con el mismo nombre que tiene un contrato. Los dueños de Pinabete son los socios de Régulo Zapata, que fue alcalde de Sabinas. Al que están poniendo como dueño [Solís Agarra], que dicen que es el responsable, es un muchacho de 27 o 28 años, obviamente no es el dueño de la mina”.
López Obrador también ha apuntado que “en toda esa región ha habido mucha corrupción y con mucha influencia política, gobernadores caciques, empresarios corruptos vinculados a políticos. En el caso de esta mina no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato. Hemos pedido a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate”. Auerbach coincide en este punto con el mandatario: “Esto empezó cuando [el expresidente mexicano, Carlos] Salinas de Gortari privatizó la minería. La mayoría de las minas eran del Estado, y cuando el Estado las privatizó, todos los minados viejos se le dan a los caciques locales. Son un pequeño grupo de familias que se quedaron con todo: a la vez son empresarios de carbón, ganaderos y alcaldes”.
De momento, los culpables siguen sin aparecer, mientras en la mina toda una comunidad rota espera que, por fin, este viernes, después de diez días, los mineros empiecen a salir. Vivos o muertos.